Morelia, Mich., 16 de Septiembre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa que modifica la Ley de Amparo, el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de restringir abusos en suspensiones, acelerar juicios y modernizar trámites.
Morelia, Michoacán, lunes 9 de septiembre de 2025.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, envió al Congreso una propuesta de reforma que busca transformar de fondo el juicio de amparo, estableciendo límites a suspensiones que hoy permiten a empresas o particulares prolongar litigios, así como incorporar el uso de herramientas digitales para hacer más ágiles los procesos.
La iniciativa plantea que las compañías sin permisos no puedan detener clausuras mediante amparos, que se elimine la suspensión provisional en casos de presunto lavado de dinero y que no se congelen procesos relacionados con deuda pública. Además, se propone que quienes soliciten amparo contra órdenes de aprehensión cumplan condiciones en un plazo máximo de tres días o perderán la protección.
En materia administrativa y fiscal, Sheinbaum busca frenar la práctica de recurrir de manera repetida créditos fiscales firmes, cerrando la puerta a nuevos recursos legales una vez que el contribuyente haya agotado los anteriores sin éxito. En cuanto a la ejecución de sentencias, los jueces deberán analizar si las autoridades tienen facultades reales para cumplir antes de sancionarlas, evitando responsabilidades penales cuando exista imposibilidad legal o material.
Otro de los cambios relevantes es la introducción del “amparo digital”, que permitirá promover juicios con firma electrónica y crear expedientes en línea paralelos a los físicos. Aunque no será obligatorio migrar a este esquema, se busca dar certeza y facilitar el acceso. También se fijan plazos estrictos para notificaciones, resoluciones y presentación de pruebas, eliminando prácticas dilatorias como recusaciones infundadas o retrasos en la emisión de sentencias.
La propuesta de Sheinbaum marca un giro en la manera en que se conciben los juicios de amparo en México, colocando en la mesa el debate sobre el equilibrio entre la protección de derechos individuales y la eficacia del sistema judicial, especialmente en temas fiscales y financieros.
En reacción, legisladores de oposición advirtieron que limitar las suspensiones podría debilitar la principal herramienta de defensa ciudadana contra abusos de autoridad. Juristas y especialistas en derecho constitucional coincidieron en que la modernización digital y la reducción de prácticas dilatorias son avances, pero alertaron que la iniciativa deberá revisarse con cuidado para no acotar indebidamente derechos fundamentales.
