La presidenta conforma una comisión sin voto ciudadano ni de oposición para redactar el nuevo proyecto electoral
Ciudad de México, 4 de agosto de 2025. Claudia Sheinbaum oficializó este lunes la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, integrada exclusivamente por funcionarios de su gabinete y aliados políticos. El anuncio ha generado críticas por la falta de independencia del grupo redactor y por excluir del voto a representantes del Congreso, sociedad civil y academia.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que la comisión estará presidida por Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien ya participó en la redacción de reformas durante el sexenio de López Obrador. Lo acompañarán Rosa Icela Rodríguez (Seguridad), Ernestina Godoy (exfiscal CDMX), Lázaro Cárdenas Batel (excoordinador de asesores de AMLO), Pepe Merino (Agencia Digital de CDMX), Jesús Ramírez Cuevas (vocero presidencial) y Arturo Zaldívar (exministro de la Corte).
Aunque el decreto señala que podrán invitar a personas del Congreso, organismos autónomos, instituciones públicas o privadas, academia y organizaciones civiles, todos estos actores podrán participar solo con voz, pero sin voto, lo que limita su incidencia real en la redacción del proyecto.
Críticas por falta de contrapesos
Desde su anuncio el sábado, diversos analistas han cuestionado que se trate de una “comisión presidencial” sin equilibrios institucionales. La cercanía política de sus integrantes con Sheinbaum y el obradorismo plantea dudas sobre la imparcialidad de los cambios que se propondrán en materia electoral.
El diseño de esta comisión se da en un contexto donde el Poder Ejecutivo ha buscado influir en órganos autónomos, y donde el oficialismo controla la mayoría en el Congreso, lo que anticipa una reforma sin necesidad de negociar con la oposición.
¿Qué se busca reformar?
Aunque aún no se conocen los detalles del proyecto, Sheinbaum ha adelantado que impulsará una reestructuración del sistema electoral, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), bajo el argumento de “fortalecer la democracia y reducir gastos”. Sin embargo, el precedente de las reformas propuestas por AMLO —que buscaban centralizar el control electoral— mantienen alerta a partidos opositores, organizaciones civiles y expertos en derecho electoral.
El proceso será seguido de cerca por diversos sectores, ante el riesgo de que la reforma electoral se utilice para favorecer al oficialismo y debilitar los contrapesos institucionales del país.
