📌 La Sala Superior concluyó que el INE invadió atribuciones al invalidar triunfos por promedios escolares; el voto popular, aunque mal informado, fue determinante.
Ciudad de México, lunes 29 de julio de 2025. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) corrigió al Instituto Nacional Electoral (INE) y validó el triunfo de 15 candidatos que habían sido declarados inelegibles por no acreditar el promedio académico mínimo exigido. Según la sentencia, el INE no tiene facultades legales para descalificar candidaturas por motivos escolares, lo que revirtió parcialmente su decisión contra 45 aspirantes electos en las pasadas elecciones.
En sesión pública, la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF resolvió que la autoridad electoral violó los principios constitucionales al exceder sus competencias. El magistrado Felipe Fuentes detalló que, si bien el INE desempeña un rol clave en la democracia, no puede modificar o reinterpretar requisitos legales una vez concluida la jornada electoral.
“El INE cumple un papel esencial en nuestra democracia, pero tiene límites definidos. No puede asumir funciones técnicas de otros órganos ni cambiar reglas tras la elección”, expresó Fuentes, dejando en claro que la voluntad ciudadana se impone incluso sobre requisitos formales.
🚨 ¡TEPJF legitima fraude académico!: Permitirán asumir cargos a candidatos sin preparación académica mínima
— RedMichoacán (@RED_Michoacan) July 31, 2025
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Con esta resolución, 15 candidatos recibirán su constancia de mayoría y podrán asumir el cargo, pese a no haber cumplido con los estándares académicos estipulados originalmente. Esto ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad y calidad profesional de quienes ocuparán cargos de representación.
El fallo ha desatado críticas y preocupación en diversos sectores. Mientras algunos celebran la defensa del voto como expresión máxima de la soberanía popular, otros advierten que esta decisión pone en riesgo la exigencia de preparación mínima para el ejercicio de funciones públicas.
La resolución también plantea un vacío legal: si el INE no puede supervisar los requisitos académicos, ¿quién debe garantizar la idoneidad de los aspirantes? El caso podría sentar un precedente para futuras elecciones y debilitar los mecanismos de control en los procesos democráticos.
