- La presidenta nacional de Morena enfatiza que el caso es judicial, no político, y que la Fiscalía debe garantizar una investigación clara y sin impunidad.
Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2025.— La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reafirmó que en la investigación contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, “no hay nadie protegido” y que se debe llegar “tope hasta donde tope” para evitar cualquier impunidad. La dirigente descartó que el senador López deba pronunciarse sobre el caso, que calificó como un asunto jurídico, no político.
El exfuncionario tabasqueño es acusado de tener vínculos con una organización criminal, por lo que cuenta con una orden de aprehensión emitida el 14 de febrero de 2025, así como una ficha roja de Interpol tras salir del país el 26 de enero. Autoridades del Gabinete de Seguridad confirmaron la colaboración con agencias internacionales para su localización y captura.
Alcalde destacó que “la enorme diferencia entre ellos y nosotros es que ellos desearían que hubiera encubrimiento”, y aseguró que la Fiscalía, como autoridad responsable, debe conducir una investigación transparente y con resultados claros para la ciudadanía. En ese sentido, señaló que “no es el senador quien debe aclarar”, sino la Fiscalía.
La ausencia de Adán Augusto López en medios ha sido notoria desde que se revelaron los vínculos de su exsecretario con el crimen organizado. Sin embargo, la presidenta de Morena defendió la postura de no exigirle declaraciones directas, argumentando que el proceso corresponde a las autoridades judiciales y no a políticos.
No obstante, queda pendiente que el senador explique por qué nombró a Bermúdez Requena a pesar de que desde 2018 se le señalaban presuntos vínculos criminales, y que las autoridades federales, incluyendo la FGR y la Sedena, aclaren cómo permitieron que el exsecretario permaneciera libre durante siete años pese a esas sospechas.
Con estas declaraciones, Morena busca deslindarse políticamente del caso mientras las investigaciones avanzan, en medio de cuestionamientos sobre posibles omisiones y encubrimientos en el pasado. La expectativa pública ahora está puesta en que la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad rindan cuentas claras y que se haga justicia sin excepciones.
