- Ricardo Anaya advierte que nuevas leyes permitirán al Estado rastrear en tiempo real la vida de los ciudadanos, usando la CURP como llave de acceso total a sus datos personales
Ciudad de México, 26 de junio de 2025. Ricardo Anaya lanzó una fuerte acusación contra el gobierno federal, al denunciar que las recientes reformas impulsadas por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum constituyen, en realidad, la construcción de un sistema de vigilancia masiva bajo el pretexto de atender a personas desaparecidas.
El político panista aseguró que el paquete legislativo aprobado en fast track esta semana —que incluye reformas a las leyes de Población, Telecomunicaciones, Inteligencia y Personas Desaparecidas— no busca justicia ni paz, sino controlar a la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas y bases de datos interconectadas.
Anaya detalló que el nuevo marco legal permite al gobierno rastrear a cualquier persona con solo ingresar su CURP, la cual ahora será obligatoria para toda actividad pública y privada, desde vuelos y hoteles hasta bancos y hospitales. Esta clave se vinculará a huellas digitales, registros fiscales, médicos, vehiculares e incluso geolocalización en tiempo real.
“Nos quieren vender que es para ayudar a las madres buscadoras, pero lo que están creando es el gobierno espía más poderoso en la historia de México”, advirtió. En particular, señaló el artículo 91 Sexties de la Ley de Población como una de las disposiciones más peligrosas, al obligar a todas las empresas a solicitar y usar la CURP para acceder a múltiples bases de datos.
Asimismo, criticó que el artículo 160 de la Ley de Telecomunicaciones otorgue a una sola persona, José Merino, director del nuevo Centro Nacional de Información, la facultad de acceder sin orden judicial a la ubicación de cualquier ciudadano.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha respondido públicamente a las acusaciones. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos digitales han comenzado a alzar la voz, advirtiendo posibles violaciones al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.
Estas reformas, con Sheinbaum aún sin asumir el cargo formalmente, marcan un giro en el uso del poder estatal para la recopilación de información personal y plantean un debate urgente sobre los límites del Estado en nombre de la seguridad y la justicia.
