→ Las entidades quedaron bajo sanciones por su presunto papel en el financiamiento del tráfico de opioides. El caso alcanza a un excolaborador clave de AMLO.
Ciudad de México, 7 de junio de 2025. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, emitió sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. Las acciones representan un nuevo paso en la ofensiva financiera de Washington contra las redes criminales trasnacionales.
Las medidas se anunciaron bajo el amparo de la Ley de Sanciones por Fentanilo y la reciente Ley FEND Off Fentanyl, que permiten al Tesoro intervenir contra instituciones que se consideren parte de esquemas de lavado de dinero para cárteles. Las sanciones incluyen la prohibición de transferencias específicas de fondos que involucren a las tres entidades mexicanas.
El caso adquiere relevancia política porque una de las firmas señaladas, Vector Casa de Bolsa, es propiedad del empresario regiomontano Alfonso Romo, quien fungió como jefe de la Oficina de la Presidencia y asesor económico cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la campaña de 2018 y parte de su administración.
Si bien el gobierno de Estados Unidos no ha vinculado directamente a Romo en actividades ilícitas, la inclusión de su empresa en el listado refuerza la gravedad del señalamiento y podría tener implicaciones políticas mayores. El informe de FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, destaca que estas entidades fueron catalogadas como “de preocupación principal” por su posible uso en operaciones ilícitas vinculadas al narcotráfico.
Las sanciones también se enmarcan en un acuerdo de cooperación bilateral entre Washington y la Ciudad de México, que incluye intercambio de inteligencia y acciones coordinadas para desmantelar las estructuras financieras del crimen organizado. Hasta el momento, ninguna de las instituciones sancionadas ni autoridades mexicanas han emitido una postura oficial al respecto.
Este episodio eleva la presión sobre las autoridades mexicanas para responder a los cuestionamientos sobre el papel del sistema financiero nacional en la expansión del tráfico de opioides y podría reavivar el debate sobre la supervisión bancaria, el control de capitales y la cercanía de figuras del poder político con intereses privados bajo escrutinio internacional.
