- En Puebla entra en vigor una ley que penaliza con cárcel las opiniones en redes; en Campeche, un periodista fue vinculado a proceso por criticar a la gobernadora.
Morelia, Mich, 7 de junio de 2025. Esta semana, los gobiernos de Puebla y Campeche encendieron las alertas en organizaciones defensoras de derechos humanos al implementar medidas que han sido calificadas como ataques directos a la libertad de expresión. En Puebla, se publicó una ley que criminaliza publicaciones en redes sociales, y en Campeche, se procedió penalmente contra un periodista por críticas al gobierno estatal.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta publicó en el Periódico Oficial del Estado la llamada Ley de Ciberseguridad, también conocida como “Ley Censura”. Esta legislación contempla penas de hasta tres años de prisión para quien “insulte” u “ofenda” a través de plataformas digitales, bajo el nuevo delito de “ciberasedio”. Su redacción ambigua permite su aplicación contra periodistas, activistas o cualquier ciudadano crítico del poder.
Diversas organizaciones, entre ellas Artículo 19, han advertido que esta ley abre la puerta a la criminalización de la libre opinión en internet y representa un peligroso retroceso democrático, al otorgar al Estado facultades para perseguir a quienes disientan.
Por su parte, en Campeche, la justicia local vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González y a Isidro Yerbes, representante del diario Tribuna, por presunta “incitación al odio” en contra de la gobernadora Layda Sansores. La resolución judicial incluyó la clausura del medio digital, la prohibición de ejercer el periodismo al comunicador y una indemnización millonaria por “daño moral”, todo ello a raíz de publicaciones críticas hacia la administración estatal.
Los casos de Puebla y Campeche han sido señalados como intentos autoritarios de silenciar voces incómodas y debilitar la labor de la prensa libre. Expertos legales y defensores de derechos humanos coinciden en que estas acciones podrían sentar un precedente peligroso para el resto del país, especialmente en un contexto donde el debate público y la crítica son fundamentales para la vida democrática.
