El próximo 20 de agosto, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, deberá presentarse ante la justicia en una audiencia inicial por delitos graves como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. La audiencia está programada a las 10:00 horas ante la jueza de Control del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, quien libró la orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, en días recientes se informó que la jueza Noveno de Distrito en materia Penal, Jovita Vargas, otorgó una suspensión definitiva al exmandatario, frenando su captura de manera indefinida hasta que se resuelva su juicio de amparo, previsto para el próximo 2 de junio. Esta decisión ha generado tensión con la Fiscalía General de la República (FGR), que advirtió que podría proceder penalmente contra la juzgadora por presunta protección indebida.
Pese a ello, la FGR ha sido señalada por errores en su comunicado, al atribuir a la jueza Vargas facultades que corresponden exclusivamente al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, y por culparla de autorizar la comparecencia escrita de Aureoles, cuando esta fue emitida por la jueza Patricia Sánchez Nava.
El caso contra Aureoles está vinculado a un presunto desfalco de más de 3 mil millones de pesos relacionados con la construcción de cuarteles policiales durante su administración. Cuatro excolaboradores ya fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva.
En este contexto, Jesús Mora González, dirigente de Morena en Michoacán, afirmó que el exgobernador tendrá que asumir su responsabilidad y no evadir la justicia. “No hay fecha que no se cumpla, y este plazo no se vence; él tendrá que dar la cara”, señaló. Mora González recordó que muchos michoacanos han pedido desde hace años que no quede impune ningún delito, y que la justicia debe alcanzar incluso al político más alto del país, para demostrar que no sólo se hacen señalamientos mediáticos, sino que se actúa con firmeza.
La Fiscalía aún puede impugnar la suspensión para que un tribunal colegiado decida si confirma, modifica o revoca la medida, mientras la expectativa en Michoacán crece ante la urgencia de justicia clara y contundente.
